La diputada Diana Bernabé plantea fortalecer el marco legal con una instancia especializada en rastreo de recursos y operaciones ilícitas
Chilpancingo, Gro., 10 de julio de 2025.- La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para crear la Unidad Especializada en Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica (UEIIPE), con el objetivo de reforzar el combate a la corrupción, el enriquecimiento ilícito y las operaciones financieras ilegales en Guerrero.
La propuesta contempla una adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y busca establecer esta Unidad como un órgano técnico, autónomo y operativo, capaz de rastrear el origen y destino de recursos económicos vinculados a servidores públicos y actores con poder político o económico.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la corrupción representa un grave problema que afecta directamente a la sociedad guerrerense, al implicar el desvío de recursos públicos por funcionarios deshonestos. En ese contexto, destacó la necesidad de implementar mecanismos institucionales eficaces para prevenir, investigar y sancionar estos actos.
Bernabé Vega propuso replicar en el estado el modelo de inteligencia financiera utilizado a nivel federal por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de detectar movimientos inusuales, identificar redes de corrupción y recuperar los recursos desviados del erario público.
Entre las principales funciones que tendría la UEIIPE, se contempla la detección de movimientos financieros sospechosos, el monitoreo de transacciones entre empresas fantasma, y la posibilidad de establecer convenios de colaboración con bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras.
La iniciativa también establece requisitos técnicos rigurosos para la persona que encabece la Unidad, quien deberá contar con conocimientos en análisis financiero y contable, además de pasar por evaluaciones exhaustivas, con el fin de garantizar la eficacia y transparencia del cargo.
La Unidad podrá coadyuvar con el Ministerio Público, autoridades fiscales y la UIF en investigaciones relacionadas con delitos patrimoniales, así como intervenir en procedimientos legales, coordinarse con instancias de los tres niveles de gobierno y acceder a bases de datos oficiales para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y detectar irregularidades patrimoniales.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.