Buscan apoyar a familias de escasos recursos que no cuentan con títulos legales de sus predios
Chilpancingo, Gro., 3 de agosto de 2025.– Con el objetivo de garantizar la certeza jurídica patrimonial de predios ubicados en asentamientos humanos irregulares, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto dirigido a dependencias federales y estatales para que implementen programas de regularización territorial y certificación de propiedad, especialmente en zonas ejidales y comunales.
El exhorto fue emitido por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, a partir de una propuesta de la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, a la que se sumó el legislador Carlos Eduardo Bello Solano. Ambos destacaron que la propiedad privada es un derecho humano consagrado en la Constitución, en tratados internacionales y en leyes estatales.
El dictamen señala que, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a la propiedad legal, impulsando acciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con un enfoque de derechos humanos.
Para ello, el Congreso exhortó a las siguientes dependencias:
- Instituto del Suelo Sustentable (INSUS)
- Registro Agrario Nacional (RAN)
- Procuraduría Agraria
- Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado
- Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guerrero
El exhorto busca que estas instancias trabajen de manera coordinada en el marco del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 2025, el cual contempla gestiones administrativas, jurídicas y técnicas necesarias para formalizar la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos, ejidales y comunales.
También se promueve la certificación y titulación de tierras para personas en condición de marginación, que poseen un lote sin contar aún con documentos legales que acrediten su propiedad.
De acuerdo con los legisladores promoventes, esta medida permitirá a miles de familias en Guerrero acceder a servicios básicos, seguridad jurídica y oportunidades de desarrollo, al integrarse de manera formal al ordenamiento territorial del estado.