Las modificaciones permitirán crear una Ley General Antiextorsión y obligarán a que los grados superiores de la Guardia Nacional sean ratificados por el Senado.
Chilpancingo, Gro., 26 de septiembre de 2025.— El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este jueves las minutas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión y de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, enviadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Ambas reformas, dictaminadas por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, fueron avaladas tras un análisis que confirmó su congruencia con los principios de constitucionalidad, legalidad y armonización normativa.
Reforma en materia de extorsión
La primera modificación corresponde al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que homologue y sistematice las acciones contra el delito de extorsión en todo el país.
De acuerdo con el dictamen, la reforma permitirá consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión mediante:
- Fortalecimiento de acciones de investigación e inteligencia.
- Creación de Unidades Antiextorsión en las entidades.
- Atención integral a víctimas y capacitación especializada en manejo de crisis.
- Campañas de prevención y canales homologados de denuncia.
- Uso de herramientas tecnológicas para desarticular redes criminales.
Ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional
La segunda reforma aprobada modifica los artículos 76 y 78 de la Constitución Federal para establecer que los grados superiores de la Guardia Nacional deberán ser ratificados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente.
El dictamen destaca que este mecanismo garantiza:
- Mandos profesionales y sujetos a escrutinio público.
- Legitimidad política y control democrático en materia de seguridad.
- Equilibrio entre disciplina militar y proximidad social.
- Procesos de designación basados en capacidad y confianza ciudadana.
Asimismo, la reforma incorpora lenguaje inclusivo en la Constitución, como parte del principio de igualdad y no discriminación.