Chilpancingo, Gro., 14 de junio de 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas a la Ley para las Personas con Discapacidad con el objetivo de armonizar su contenido con la legislación federal y fortalecer un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación.
Las modificaciones, propuestas por el diputado Rafael Martínez Ramírez y dictaminadas por la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, buscan actualizar la definición de “persona con discapacidad”, eliminando términos considerados discriminatorios o patologizantes y adoptando criterios acordes con el modelo social de derechos humanos.
Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, la diputada Leticia Rodríguez Armenta destacó que la reforma también da cumplimiento a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024, fortaleciendo la armonización del marco jurídico estatal con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
La legisladora explicó que los cambios incorporan criterios establecidos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, emitida por la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos o generar barreras para la inclusión.
Rodríguez Armenta subrayó que la reforma representa un avance en la construcción de una sociedad más incluyente y respetuosa de la dignidad humana.
“Legislar en favor de las personas con discapacidad implica escuchar sus necesidades, reconocer sus derechos y construir condiciones que garanticen su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada”, señaló.
Asimismo, destacó que la actualización del artículo 3 de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero no solo atiende una obligación legal derivada de una sentencia judicial, sino que también responde a un compromiso ético y constitucional con la igualdad y la no discriminación.
Con esta reforma, el Congreso local reafirma su compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia un marco normativo más inclusivo, actualizado y acorde con los principios de respeto, igualdad y dignidad humana.