Chilpancingo, Gro., 23 de junio de 2026.- Con el propósito de garantizar la continuidad de los programas públicos esenciales y fortalecer la protección de los derechos humanos en Guerrero, la diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó una iniciativa de reforma constitucional para elevar a rango constitucional el principio de no regresividad presupuestal.
La propuesta plantea modificar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer que los recursos destinados a garantizar derechos fundamentales no puedan ser inferiores a los aprobados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, salvo casos plenamente justificados conforme a la ley.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
De acuerdo con la legisladora, el gasto público constituye una herramienta fundamental para materializar derechos como la salud, la educación, la atención a víctimas y la protección de sectores vulnerables, por lo que reducir los recursos destinados a estas áreas puede afectar la capacidad institucional para garantizar servicios y programas esenciales para la población.
Araceli Ocampo señaló que la propuesta busca otorgar mayor certeza y estabilidad a las políticas públicas, evitando retrocesos presupuestales que impacten negativamente en la atención de las necesidades sociales más apremiantes.
La reforma contempla la incorporación de dos nuevos párrafos al artículo 4 constitucional local, con el objetivo de establecer como principio obligatorio la preservación de los niveles de financiamiento destinados a la protección de los derechos fundamentales.
La diputada argumentó que fortalecer este criterio desde la Constitución estatal permitiría consolidar mecanismos de protección más sólidos para la ciudadanía y garantizar la continuidad de acciones gubernamentales orientadas al bienestar social.
Con esta iniciativa, se busca que los programas y servicios esenciales cuenten con mayores garantías de permanencia y que las decisiones presupuestales mantengan como prioridad la protección de los derechos humanos de las y los guerrerenses.