Propone coordinación entre instancias federales y estatales para garantizar inclusión lingüística
Chilpancingo, Gro., 23 de marzo de 2025.- Con el objetivo de garantizar la supervivencia de las lenguas originarias en Guerrero, la diputada Catalina Apolinar Santiago presentó un punto de acuerdo para exhortar a la dirección general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a coordinarse con la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, a fin de implementar políticas públicas de inclusión lingüística en los municipios con mayor influencia indígena.
Al exponer su propuesta en tribuna, la legisladora subrayó que la inclusión de los pueblos indígenas no solo debe centrarse en el respeto a sus tradiciones y cultura, sino también en garantizar su acceso equitativo a la justicia, salud, educación y desarrollo económico en condiciones de igualdad, respetando sus particularidades lingüísticas.
Apolinar Santiago, quien preside la Comisión de Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, señaló que, pese a los avances legislativos, aún persiste la discriminación hacia estos sectores. Mencionó que, a una década de la reforma que estableció la traducción de la Constitución de Guerrero a las lenguas originarias del estado, esta medida no ha sido implementada, ni tampoco la traducción de documentos legales utilizados en procesos judiciales en los que están involucradas personas indígenas y afromexicanas.
Asimismo, la diputada evidenció la falta de señalización en lenguas indígenas en espacios públicos como hospitales, estaciones de autobuses, ministerios públicos y juzgados, lo que refuerza la exclusión de estos sectores de la población.
Por ello, propuso que las instancias federales y estatales trabajen en conjunto para traducir textos indicativos y legales a las lenguas indígenas del estado, contribuyendo así a la preservación de sus conocimientos, tradiciones y cosmovisiones, además de promover el reconocimiento de la diversidad cultural en el país.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos para su análisis y dictaminación.