Chilpancingo, Gro., 8 de abril de 2026.– La diputada Violeta Martínez Pacheco presentó una iniciativa para incorporar en el Código Civil del Estado de Guerrero la figura de adopción de embriones, con el propósito de eliminar el vacío legal existente y garantizar derechos tanto a las niñas y niños que nazcan bajo esta modalidad, como a quienes decidan formar una familia mediante este procedimiento.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que los avances científicos en materia de reproducción asistida requieren de un marco jurídico que otorgue certeza y protección, al considerar que la ley no puede permanecer ajena a los cambios sociales.
Explicó que este procedimiento consiste en la donación voluntaria y altruista de embriones generados mediante técnicas de reproducción asistida, para que otra persona o pareja los geste y asuma la maternidad o paternidad legal del nacido.
Martínez Pacheco advirtió que la falta de regulación puede derivar en conflictos legales relacionados con la filiación, herencias, registro civil e identidad jurídica, por lo que planteó establecer principios claros que brinden seguridad a todas las partes involucradas.
Entre los puntos propuestos destaca que la filiación se determine por la voluntad procreacional manifestada antes de la implantación; que las personas donantes renuncien a cualquier derecho de filiación; que no exista vínculo jurídico entre el nacido y quienes aportaron el material genético; así como garantizar el derecho del menor a acceder a información médica relevante al alcanzar la mayoría de edad.
Asimismo, plantea que el Registro Civil inscriba los nacimientos sin anotaciones que generen discriminación o estigmatización, priorizando el interés superior de la niñez.
La iniciativa contempla la adición del Capítulo IV “De la adopción de embriones” al Código Civil estatal y fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
En la misma sesión, el Congreso local aprobó reformas para establecer plazos y mecanismos de seguimiento en la entrega de información por parte de servidores públicos, además de analizar diversos puntos de acuerdo en materia de justicia, transporte, desarrollo económico, educación y reconocimiento cultural en la entidad.