El Departamento de Seguridad Nacional asegura contar con “información creíble” sobre un programa de recompensas; el gobierno de Trump refuerza la militarización pese a las críticas y el clima de tensión social.
Washington, 14 de octubre de 2025.– El gobierno de Estados Unidos encendió las alarmas este martes al acusar a los cárteles mexicanos del narcotráfico, supuestamente en complicidad con el movimiento Antifa, de haber lanzado un programa de recompensas contra agentes migratorios federales desplegados en ciudades como Chicago.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró tener inteligencia “creíble” que apunta a pagos que van desde 5 mil hasta 10 mil dólares por agredir o secuestrar de manera no letal a agentes del ICE y la CBP, y hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos mandos.
La denuncia se da en medio de un ambiente de creciente hostilidad contra las redadas migratorias que encabeza la administración de Donald Trump, quien la semana pasada ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, pese al abierto rechazo del gobernador y el alcalde de Chicago.
El DHS responsabilizó además a Antifa de proporcionar apoyo logístico en protestas, e incluso de realizar labores de espionaje sobre agentes federales. La acusación refuerza la narrativa de Trump, que ya declaró al movimiento como un “grupo terrorista interno”, aunque especialistas lo definen como una red descentralizada de colectivos anarquistas sin jerarquía ni mando único.
El documento va más allá: apunta a que en Chicago las fuerzas de seguridad han detectado a integrantes de pandillas como los Latin Kings instalados en azoteas con armas y transmisores de radio para rastrear la ubicación de los agentes en tiempo real.
“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia mediante drones y amenazas de muerte”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que en los últimos meses el ICE ha registrado un incremento del 1000% en los ataques contra su personal.
La retórica se inscribe en la ofensiva política de Trump, que ha colocado la lucha contra la inmigración ilegal como eje de su segundo mandato. Para la oposición demócrata, sin embargo, estas medidas representan una peligrosa militarización de la vida pública y un discurso que busca criminalizar a migrantes y movimientos sociales en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera.