Determinan que el presidente no puede usar la ley de poderes de emergencia para imponer tarifas sin aprobación del Congreso
Washington, D.C., 28 de mayo de 2025. Un tribunal federal de comercio de Estados Unidos prohibió este miércoles al expresidente Donald Trump imponer aranceles amplios y generalizados amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que excedió sus facultades legales y creó incertidumbre en la política comercial del país.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces, en respuesta a siete demandas presentadas por diversas partes afectadas por los gravámenes impuestos durante la administración Trump, quienes argumentaron que la política comercial estadounidense se volvió dependiente de sus decisiones unilaterales y provocó inestabilidad económica.
Trump impuso aranceles del 30% a productos de China, del 25% a ciertas importaciones de México y Canadá, y del 10% de manera generalizada a mercancías de varios países, bajo el argumento de que el déficit comercial estadounidense representaba una emergencia nacional. Los demandantes afirmaron que esta situación no cumple con los criterios de “amenaza inusual y extraordinaria” establecidos en la IEEPA para declarar una emergencia y justificar medidas excepcionales.
La decisión no afecta a otros aranceles, como el 25% a automóviles, acero y aluminio, que se impusieron con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una legislación distinta.
Los mercados financieros reaccionaron positivamente al fallo. Los futuros del Dow Jones subieron casi 500 puntos (1.1%), los del S&P 500 aumentaron 1.4%, y los del Nasdaq, 1.6%.
Cabe recordar que Trump había anunciado en abril aranceles “recíprocos” que posteriormente suspendió por 90 días para iniciar negociaciones país por país. En su momento, los justificó como parte del combate al tráfico de fentanilo, aunque esa narrativa también fue cuestionada por los demandantes.
El fallo representa un revés significativo para las aspiraciones de Trump de mantener una política comercial agresiva sin la intervención del Congreso, que tradicionalmente tiene la facultad de aprobar este tipo de medidas.