Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el denominado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa que tiene como ejes centrales la reducción de privilegios en el servicio público y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que el proyecto será enviado al Senado de la República e incluye reformas constitucionales y modificaciones a leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta tiene como principio fundamental disminuir los excesos en el ejercicio del poder público y avanzar en la austeridad republicana. “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Nadie podrá ganar más de lo que gana la Presidenta”, enfatizó.
Reducción de gastos y reestructura institucional
Entre las principales medidas, el Plan B plantea la reducción del número de regidurías en los municipios, que irían de un mínimo de siete a un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento.
En el caso de los congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal de hasta el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, con el objetivo de generar ahorros que serían destinados a obras de infraestructura y programas sociales en las entidades y municipios.
Asimismo, la iniciativa contempla que funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales y órganos electorales estatales no puedan percibir salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal, además de eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones adicionales.
También se prevé una reducción progresiva del gasto en el Senado de la República hasta alcanzar el 15 por ciento.
Revocación de mandato y participación ciudadana
En materia de democracia participativa, la reforma propone fortalecer la figura de la revocación de mandato, permitiendo su realización el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028 para el actual sexenio.
Esta medida busca ampliar el derecho de la ciudadanía para decidir la continuidad de la persona titular del Ejecutivo federal.
Cambios en leyes secundarias
El Plan B también incluye modificaciones a la legislación electoral para establecer topes a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios electorales, así como nuevas disposiciones en materia de fiscalización y uso de tecnologías.
En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, se propone obligar a los partidos a transparentar los salarios de sus dirigencias, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohibir el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable, así como financiamiento proveniente del extranjero o aportaciones en efectivo.
La secretaria de Gobernación subrayó que esta reforma busca responder a los retos actuales del país, promoviendo un sistema más austero, transparente y participativo. “Esta reforma va por menos privilegios y más participación”, concluyó.