Diputados aprueban por unanimidad reformas que fortalecen la seguridad, modernizan el sistema penitenciario y alinean al estado con la estrategia nacional
Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre de 2025.– En una sesión marcada por el consenso, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad cuatro iniciativas clave para combatir la extorsión, delito que ha cobrado relevancia por su impacto en la vida cotidiana y la actividad económica. Las reformas, enviadas por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, buscan armonizar la legislación estatal con las normas federales y robustecer las capacidades de prevención, investigación y sanción.
Las modificaciones abarcan la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, los artículos 243 y 244 del Código Penal, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 175 de la Ley 847 de Ejecución Penal. Los dictámenes fueron analizados y avalados por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Durante la presentación del primer dictamen, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz destacó que la actualización de la Ley 179 fortalece la política estatal contra la extorsión al formalizar la operación de órganos de coordinación, mesas de paz y la inteligencia policial. Además, establece la creación de Unidades Especializadas, refuerza la interoperabilidad tecnológica con sistemas nacionales y consolida el régimen disciplinario del personal de seguridad.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, al fundamentar la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal, explicó que estas modificaciones responden al nuevo diseño institucional del delito, considerado de alto impacto. Añadió que se incorporó un artículo transitorio para garantizar la irretroactividad de la ley, protegiendo investigaciones y procesos iniciados con anterioridad.
Por su parte, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez detalló que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública asignan a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la responsabilidad de coordinar y evaluar una policía orientada específicamente a la prevención y combate a la extorsión, además de fortalecer mecanismos de denuncia y cooperación tecnológica con instancias federales. La iniciativa también plantea medidas para inhibir señales de telecomunicación en centros penitenciarios, evitando que se cometan delitos desde su interior.
El diputado Joaquín Badillo Escamilla expuso que la adición a la Ley de Ejecución Penal impulsa un régimen penitenciario más estricto y tecnológicamente controlado, alineado a la estrategia nacional para garantizar que los centros de reclusión sean espacios plenamente seguros y libres de actividades ilícitas.
Con estas reformas, el Congreso de Guerrero envía un mensaje de unidad institucional y compromiso para enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población. Las y los legisladores destacaron que la aprobación de este paquete legal representa un paso determinante para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el derecho de las personas a vivir sin miedo.