Chilpancingo, Gro., 7 de mayo de 2026.— El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza del Estado de Guerrero, con el propósito de atender de manera estructural esta problemática y reducir los índices de pobreza extrema en la entidad.
Durante la presentación de la propuesta en tribuna, el legislador explicó que la iniciativa busca promover la igualdad de oportunidades y ampliar las capacidades de la población en situación de pobreza, garantizando el acceso efectivo a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación, seguridad social, vivienda digna y servicios básicos.
Asimismo, señaló que la propuesta contempla fortalecer el tejido social y la cohesión comunitaria mediante políticas públicas orientadas al desarrollo integral de las familias guerrerenses.
El diputado indicó que la pobreza en Guerrero representa una problemática histórica que ha limitado el desarrollo humano, social y económico de miles de familias, especialmente en regiones como la Montaña, Costa Chica y Sierra.
Agregó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guerrero se mantiene entre las entidades con mayores niveles de pobreza del país, afectando principalmente a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
La iniciativa plantea la creación de un Programa Estatal Integral que articule las acciones de los distintos órdenes de gobierno, así como la instalación de un Consejo Interinstitucional encargado de coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias implementadas.
También propone integrar un padrón estatal confiable para focalizar los apoyos, crear un fondo específico con recursos sostenidos, implementar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, además de establecer responsabilidades y sanciones para evitar el uso indebido de recursos públicos.
El proyecto contempla además un enfoque basado en el desarrollo de capacidades, con el objetivo de que las personas puedan superar la pobreza de manera sostenible.
De aprobarse, la aplicación de la ley corresponderá al Poder Ejecutivo estatal, a través de sus dependencias y entidades, así como a los ayuntamientos, los cuales deberán destinar recursos presupuestales para cumplir las metas y estrategias contempladas en sus planes de desarrollo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social para su análisis y dictaminación.