La iniciativa busca sancionar con mayor severidad a quienes se aprovechen de personas adultas mayores, enfermas o en situación de abandono
Chilpancingo, Gro., 7 de mayo de 2025.– El diputado Jesús Urióstegui García, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero y establecer penas de hasta 12 años de prisión a quienes cometan el delito de despojo de bienes inmuebles, cuando se aprovechen de la condición de vulnerabilidad de los propietarios o legítimos poseedores.
La propuesta plantea modificar el artículo 246 del citado código, con el objetivo de tipificar con mayor claridad y severidad los actos de despojo, especialmente cuando las víctimas son personas adultas mayores, con alguna discapacidad, enfermas, en abandono, con ausencia prolongada o sin conocimiento de la ley.
Durante la sesión legislativa, Urióstegui García señaló que este tipo de conductas se ha incrementado por los vacíos legales y la tolerancia social, convirtiéndose en una “modalidad moderna de despojo”, que en muchos casos es facilitada por personas cercanas a las víctimas o incluso por servidores públicos.
“No podemos seguir permitiendo que quienes han trabajado toda su vida para tener un hogar, un patrimonio, terminen despojados por oportunistas o servidores públicos corruptos (…) No más adultos mayores llorando frente a su casa ocupada por un desconocido”, afirmó el legislador al presentar la iniciativa, que fue respaldada por los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PRD, PVEM y diputados del PT.
La iniciativa también considera sanciones más severas si el delito es cometido por familiares hasta el cuarto grado, apoderados legales, albaceas, notarios, servidores públicos, administradores o personas con una relación de confianza con la víctima. En estos casos, la pena propuesta va de ocho a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Urióstegui subrayó que esta reforma es un acto de justicia para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y una medida necesaria para proteger su derecho al patrimonio y a la vivienda.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local para su análisis y dictaminación.