Chilpancingo, Gro., 19 de septiembre de 2024.- El diputado Édgar Ventura de la Cruz presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la entrega gratuita de fertilizante como un derecho constitucional. Su objetivo es aumentar la producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria del país.
Durante la sesión legislativa de este jueves, el diputado destacó las profundas desigualdades en el campo mexicano, señalando que mientras los estados del norte han logrado un desarrollo agrícola autosuficiente, el sur enfrenta dificultades que empujan a muchos campesinos a migrar a otras regiones de México y a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
«Para mejorar la productividad en el sur del país, es necesario proporcionar insumos agrícolas de manera gratuita, como el fertilizante, a quienes lo necesiten, bajo esquemas transparentes que deben estar establecidos en la ley», subrayó el legislador.
Ventura de la Cruz recordó que en Guerrero, desde 2016, el gobierno estatal ha implementado la entrega gratuita de fertilizante a los productores agrícolas, lo que ha permitido aumentar la rentabilidad de sus tierras. Destacó que en municipios como Tlapa de Comonfort, entre 2012 y 2015, no solo se entregó fertilizante gratuitamente, sino que se distribuyó directamente en las localidades rurales, reduciendo costos para los campesinos.
El diputado señaló que este programa ha tenido tanto éxito que ha sido replicado por los gobiernos estatal y federal, siempre con el objetivo de priorizar el interés social sobre cualquier otro. Actualmente, el Programa de Fertilizantes para el Bienestar garantiza la entrega de este insumo a productores de las 32 entidades federativas del país, contribuyendo a la producción de cultivos prioritarios.
Ventura de la Cruz destacó que, al igual que otros programas sociales que han sido elevados a rango constitucional, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, el programa de fertilizante gratuito debe convertirse en un derecho constitucional para los campesinos, como un acto de justicia social.
Finalmente, exhortó a las autoridades federales, estatales y agrarias a implementar mecanismos permanentes de actualización del padrón de beneficiarios, mediante asambleas comunitarias, para garantizar la transparencia en la administración de este programa.