Ciudad de México, 11 de septiembre de 2024.- En una sesión marcada por la tensión política y las protestas ciudadanas, los Senadores de Morena y sus aliados lograron aprobar una de las reformas más controvertidas de la historia reciente: la modificación constitucional que permitirá la elección de jueces por voto popular. La reforma, considerada un cambio sin precedentes en el sistema judicial mexicano, fue avalada con los 86 votos necesarios en el Senado, gracias al inesperado respaldo del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de gobierno y respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, plantea un modelo que ningún país del tamaño de México ha adoptado hasta ahora. La independencia del Poder Judicial ha sido una de las principales preocupaciones expresadas tanto por opositores como por sectores económicos e internacionales, incluido el gobierno de Estados Unidos, lo que ha generado incertidumbre económica y depreciación del peso mexicano.
Yunes Márquez, quien rompió filas con su partido, el PAN, justificó su voto afirmando que, si bien la reforma no es perfecta, confía en mejorarla a través de las leyes secundarias. Su decisión generó sorpresa, pues previamente había solicitado licencia por problemas de salud, lo que permitió temporalmente que su escaño lo ocupara su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Durante la jornada, protestas masivas se desataron dentro y fuera del recinto legislativo. Manifestantes lograron irrumpir en el Senado, obligando a los legisladores a continuar la sesión en la Antigua Casona de Xicoténcatl. A pesar de las acusaciones de coacción y persecución política por parte de la oposición, Morena negó cualquier irregularidad.
Ahora, la reforma será enviada a los congresos estatales, donde necesita ser ratificada por al menos 17 entidades. Dado el control que Morena ejerce en dos tercios del país, se espera que la promulgación se realice antes de que López Obrador deje el poder. La responsabilidad de implementar este nuevo sistema judicial recaerá en Claudia Sheinbaum, quien deberá enfrentar los posibles costos políticos de este histórico cambio.