
Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.– Senadoras y senadores de Morena aprobaron en comisiones la iniciativa enviada por la presidenta de la República para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución, con el objetivo de reducir privilegios en el servicio público y fortalecer el mecanismo de revocación de mandato.
Al término de la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, la senadora Beatriz Mojica Morga afirmó que con esta aprobación “se le cumple a la presidenta y al pueblo de México”, al tiempo que destacó que el dictamen fue turnado al pleno para su discusión y eventual aprobación.

Durante la reunión, legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios votaron mayoritariamente a favor de la propuesta, con lo que suman ya 26 reformas constitucionales avaladas en lo que va de la actual administración.
Mojica Morga, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que partidos de oposición votaron en contra de la iniciativa, al considerar que las medidas planteadas afectan privilegios en el ejercicio del poder público. Asimismo, sostuvo que el discurso opositor mostró inconsistencias durante el debate en comisiones.
La legisladora también resaltó que la presidenta de la República mantiene altos niveles de aprobación ciudadana, lo que —dijo— refleja el respaldo a las acciones impulsadas por su gobierno.
En su intervención, indicó que la reforma busca disminuir gastos innecesarios en distintos niveles de gobierno y reorientar los recursos públicos hacia sectores con mayores necesidades sociales. Añadió que estas medidas deben replicarse en el ámbito local, incluyendo cargos como regidurías y diputaciones, donde, señaló, persisten casos de percepciones superiores a las del Ejecutivo federal.
Asimismo, subrayó que el proyecto fortalece la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana, permitiendo evaluar el desempeño de las autoridades de manera más efectiva.
Finalmente, destacó que la iniciativa establece reglas claras para el uso de los tiempos oficiales, con el fin de evitar su utilización indebida, y reiteró que las críticas de la oposición responden a la eliminación de privilegios que, afirmó, durante años permanecieron sin cambios.