Ciudad de México.– Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como el apoyo de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El dictamen fue avalado por mayoría calificada con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención en el pleno de San Lázaro, lo que permitió avanzar en la modificación de los artículos 115 y 116, además de la adición de un párrafo al artículo 134 de la Constitución en materia electoral.
Entre los principales cambios, la reforma establece que los ayuntamientos del país tendrán un máximo de 15 regidurías, integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y regidores, bajo criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Asimismo, se contempla que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, garantizando también principios de paridad e inclusión en su integración.
Otro de los puntos relevantes es que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y órganos locales, no podrán ser superiores al salario del titular del Ejecutivo federal, además de prohibir prestaciones como seguros privados o esquemas especiales de retiro no contemplados en la ley.
La reforma también prevé una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República, con el objetivo de alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento en términos reales durante los próximos cuatro años.
Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron la propuesta al calificarla como “descafeinada”, incompleta y una ocurrencia, al considerar que no atiende de fondo las problemáticas del sistema electoral.
Pese a ello, la mayoría legislativa defendió el proyecto al argumentar que busca fortalecer la democracia, reducir costos en el aparato público y actualizar el marco legal electoral.
Con esta aprobación en lo general, el dictamen continuará su proceso legislativo para su análisis en lo particular.