El director Regional de los Programas del Bienestar en Oaxaca fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones
Pinotepa Nacional, Oax., 2 de julio de 2025. – Gonzalo González Silva, director regional de los programas Bienestar del gobierno federal en Oaxaca, fue detenido en este municipio por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, ocurrido el 3 de agosto de 2024 en Jamiltepec, según informó la Fiscalía General del Estado.
La orden de aprehensión fue ejecutada el pasado lunes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tras concluir las investigaciones iniciadas por la denuncia formal presentada ante la Vicefiscalía Regional de la Costa.
En redes sociales, comenzaron a circular desde días antes denuncias anónimas que acusan al funcionario de someter a trabajadoras jóvenes a jornadas laborales prolongadas bajo presión, y de incurrir en presuntos abusos sexuales bajo amenazas de despido. La Fiscalía de Oaxaca aclaró que, hasta el momento, sólo existe una denuncia formal por violación.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2025, Oaxaca acumula 292 carpetas de investigación por violación simple y equiparada, ubicándose como la novena entidad con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
Trayectoria del funcionario
González Silva inició su carrera como Servidor de la Nación en 2019 y, posteriormente, fue designado director regional por la delegada estatal Nancy Ortiz Cabrera, quien en publicaciones públicas lo describía como un funcionario “de trabajo, esfuerzo y disciplina”. En 2023, buscó sin éxito la candidatura a una diputación local por el distrito de Pinotepa Nacional.
Exigen investigación integral
La detención ha generado indignación en organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Rosario Martínez Miguel, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, advirtió que este caso evidencia fallas graves en los mecanismos de prevención, denuncia y protección dentro de las instituciones públicas.
“El poder institucional no puede seguir siendo usado para someter, silenciar y violentar a mujeres que buscan condiciones laborales dignas”, expresó, al exigir que el proceso judicial se lleve con perspectiva de género.
Martínez también demandó sancionar a quienes, por omisión o complicidad, permitieron la permanencia del funcionario pese a los señalamientos. “La impunidad y el encubrimiento perpetúan un sistema que normaliza el abuso. Este caso debe ser un punto de quiebre para establecer controles y protocolos reales en todas las instancias de gobierno”, concluyó.