La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció con evidente entusiasmo que el Ayuntamiento pagará por adelantado —cuatro meses antes de lo que marcan los ordenamientos legales— el 50% del aguinaldo y la prima vacacional a sus trabajadores. Lo presentó como un ejemplo de “eficiente manejo de la administración y las finanzas”, pero la medida, lejos de convencer como un acto de sana gestión pública, despierta más dudas que certezas.
Si bien todo trabajador agradece recibir anticipadamente prestaciones que, por derecho, le corresponden, lo inusual aquí no es el pago, sino el momento y el contexto. Insistiendo en caminar hacia el espejismo de su sueño por ser gobernadora y animada por un grupo de porristas que la subieron al tabique del cual ya nadie la puede bajar, el anuncio parece más una jugada de alineación interna que un acto de planificación financiera.
El adelanto de recursos luce como un doble movimiento estratégico:
- Planchar cualquier fricción con el sindicato y la base laboral del Ayuntamiento, asegurando una calma institucional que pueda ser capitalizada políticamente.
- Asegurar una virtual liquidación para quienes integran el círculo cercano de la presidenta y que, junto con ella, podrían dejar el cargo para sumarse de lleno a una muy anticipada campaña por la candidatura a la gubernatura.
En política, los gestos también son mensajes, y este no parece ajeno a la lógica electoral. Adelantar prestaciones a un año del proceso interno suena más a inversión en lealtades que a simple generosidad administrativa. Además, surgen preguntas inevitables: ¿de dónde sale el dinero? ¿Está garantizado que no se comprometen recursos de servicios y obras prioritarias? ¿Qué pasará si, llegado diciembre, las finanzas municipales no tienen la misma liquidez?
La narrativa oficial insiste en que se trata de una muestra de solvencia y buen manejo de las finanzas. Sin embargo, en un municipio que ha enfrentado serios retos presupuestales y que todavía arrastra deudas y demandas por servicios públicos deficientes, este tipo de decisiones exige más transparencia y justificación técnica.
El riesgo de que los recursos públicos terminen siendo un lubricante electoral es real. Lo preocupante no es el adelanto en sí, sino el uso del dinero municipal para pavimentar —no calles, sino carreras políticas—. Y ahí, el interés público pasa a un segundo plano.
En suma, el anuncio de Abelina López Rodríguez se inscribe en esa vieja práctica política donde las finanzas sirven como herramienta para asegurar apoyos y preparar el terreno electoral. Un adelanto que, más que premio al trabajo, parece ser una jugada de estrategia preelectoral.