Por José Luis Méndez
En un país donde la violencia de género sigue siendo una deuda estructural con las mujeres, Guerrero está marcando la diferencia. Lo que hasta hace unos años era un terreno minado de omisiones y respuestas fragmentadas, hoy se transforma en una política pública sólida, con enfoque integral y resultados verificables. La administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha demostrado que, cuando existe voluntad política, visión y trabajo interinstitucional, los cambios reales sí son posibles.
Los avances en la reducción de delitos como el feminicidio, la violación y la violencia familiar no son producto del azar. Son el fruto de una estrategia que ha puesto en el centro a las mujeres, desde reformas legales de alto impacto hasta esquemas operativos como el Protocolo Violeta y el programa Guerrero Actúa. Lo distintivo es que no se trata solo de atender consecuencias, sino de intervenir sobre las causas estructurales de la violencia.
Legislación con rostro humano
Reformas como la Ley Camila, la Ley Ingrid Guerrero o la prohibición de la cohabitación forzada no solo endurecen las penas a los agresores, también representan un mensaje claro del estado: no hay tolerancia al abuso. Estas leyes, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso local, responden a luchas históricas de víctimas y organizaciones feministas que exigían respuestas más firmes del aparato gubernamental.
Atención directa, prevención y justicia
El modelo implementado por Guerrero articula programas que van desde el acompañamiento psicosocial y legal, hasta el acceso a servicios de salud, empleo y educación para las víctimas. Tarjeta Violeta, Transporte Violeta y la línea de atención 24/7 son ejemplos de cómo un enfoque transversal puede traducirse en acciones tangibles para salvar vidas y dignificar trayectorias.
Además, la presencia de Centros de Justicia para Mujeres, refugios estatales, defensorías especializadas y unidades policiales con enfoque de género, refuerzan un ecosistema de respuesta que antes no existía o era insuficiente.
Resultados medibles
Más allá del discurso, los números respaldan la efectividad de este modelo. Guerrero ha dejado de figurar entre los primeros lugares de violencia feminicida, según reportes oficiales. Esta transformación es especialmente significativa para una entidad que durante años fue sinónimo de impunidad y violencia sistemática contra las mujeres, sobre todo en regiones como La Montaña y la Costa Chica.
Reconocimiento ciudadano
El respaldo de la ciudadanía no se ha hecho esperar. Con un 65.8% de aprobación, Evelyn Salgado se mantiene entre las cinco gobernadoras mejor evaluadas del país, según la última medición de Demoscopia Digital. Este reconocimiento popular es más que un aplauso; es un mandato para seguir profundizando los cambios.
Entre los factores que explican esta aprobación están los avances en reconstrucción post-huracán, las obras hídricas, los programas sociales y, sin duda, la ofensiva legal y política contra la violencia de género. En un contexto donde el descrédito institucional es la norma, Guerrero se coloca como un caso excepcional.
Una ruta que debe continuar
Lo logrado hasta ahora no significa que la lucha esté ganada. Los desafíos estructurales —como la persistencia del machismo, la desigualdad económica y las brechas de acceso— siguen vigentes. Pero hoy Guerrero tiene cimientos sólidos, una hoja de ruta clara y un liderazgo decidido.
El verdadero mérito del modelo guerrerense no solo está en los indicadores, sino en haber construido una política pública con rostro de mujer, sensible a la diversidad territorial y comprometida con la justicia social. En un país donde tantas mujeres siguen esperando respuestas, Guerrero se convierte en referente de que un cambio profundo sí es posible.